Asuntos Públicos: NADIE A SALVO

No es un secreto que en México es excepción y no regla que los servidores públicos que abusaron del cargo en beneficio personal sean llevados a proceso penal y enfrenten el castigo de la ley.

La falta de institucionalización del estado de derecho y las complicidades políticas para revisar el uso de los recursos públicos y su sanción por desvíos es, como se sabe, uno de los males nacionales. En la corrupción pública, se tapa con la misma cobija.

Sin embargo, bajo ciertas circunstancias, desafortunadamente no institucionales sino políticas, se producen eventualmente procesos penales contra ex funcionarios, que en su momento de gloria o en plenitud del pinche poder fueron incontables.

En los estados de la República es cada vez más frecuente esta situación y cuando no se persigue al ex gobernador, le echan el guante a los que fueron sus colaboradores cercanos, entre ellos los secretarios de finanzas o de adquisiciones o directores de descentralizadas. El caso más famoso en curso es el encarcelamiento del ex gobernador del PRI en Tabasco, Arturo Granier, y de su secretario de Finanzas, acusados por el gobierno del PRD de Arturo Núñez por un peculado de más de 2 mil millones de pesos. Fuera de prisión, enfrentan acusaciones los ex gobernadores del PAN de Jalisco, Emilio González, por parte de su sucesor del PRI; entre los capturados por el nuevo grupo en el poder están el ex secretario de Finanzas de Morelos detenido hace unos días bajo cargo de peculado agravado, por dejar de pagar cuotas del estado y créditos a la vivienda -, y están bajo investigación sus antecesores en la misma Secretarías de Finanzas. En Jalisco les cayeron a varios funcionarios de Finanzas y hace unos días al director de la promotora de vivienda; en Guanajuato, a varios junto con el director de suministros de la Secretaría de Finanzas. En Coahuila, sin alternancia, en medio del pleito entre los hermanos Moreira, le abrieron proceso al ex secretario de finanzas por falsificación de documentos para facilitar la excesiva contratación de deuda pública, el año pasado lo habían aprehendido y no se sabe cómo fue que salió, pero en Estados Unidos lo buscaban por lavado de dinero y allá se entregó, y ahora pide desde Coahuila su extradición.

La alternancia política en los gobiernos estatales, producto de las reformas electorales que introdujeron una mayor competitividad, incremento la probabilidad de someter a la justicia a servidores públicos por desvío de recursos. Además de mantenerse la antigua práctica de los ajustes de cuentas entre grupos del mismo partido. Como se ve, la impunidad ya no esta garantizada; salvo cuando las sucesiones se dan entre el mismo grupo político y no hay rupturas ni cuentas por cobrar. Situaciones ciertas de controlar para los que gozan de la temporalidad de poder. Así te lo digo Juan, hay que poner las barbas a remojar.


JUSTICIA ENTRE PUGNAS DE PODER

La historia política nacional y de los estados está llenos de esos episodios en los que se mezclan ajustes de cuentas entre grupos. En la época del régimen clásico del PRI, antes de la alternancia del 2000, eran esporádicos y anecdóticos los casos de enjuiciamiento a ex funcionarios –o miembros prominentes de la clase política-, se daban al interior de ese partido y por evidentes motivos políticos. De Luis Echeverría (1970-1976), el más sonado fue el del gobernador de Sonora, Carlos Armando Biebrich, destituido y procesado cuando cayó de la gracia presidencial.

José López Portillo (2988-1992), en antagonismo con su antecesor Luis Echeverría, encarceló a Félix Barra, ex secretario de la Reforma Agraria, al ex secretario de Comunicaciones, Eugenio Méndez Docurro y al ex director de INMECAFE, Fausto Cantú Peña. Miguel de la Madrid (1982-1988) hizo lo mismo con el ex director de Pemex, Jorge Díaz Serrano, su rival en la candidatura por la Presidencia de la República; Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) a los líderes del sindicato de Pemex, Joaquín Hernández Galicia y su directiva-, sus enemigos en la campaña presidencial. Hasta los noventas, no se tocaba la esfera familiar de los ex presidentes y rara vez a los ex gobernadores; Ernesto Zedillo (1994-2000) rompió ese pacto de la élite del poder y, como se recuerda, encarceló a Raúl, hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, al ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, y también, debido a diferencias políticas, al ex gobernador de Veracruz, Dante Delgado, y a dos colaboradores suyos en las áreas de finanzas – el ex secretario Gerardo Poo Ulibarri, y de Desarrollo Urbano, Porfirio Serrano Amador; este proceso, operado por medio del entonces gobernador Patricio Chirinos Calero y su secretario de gobierno, Miguel Ángel Yunes Linares, como se recuerda, estuvo montado, y no obstante las evidencias de enriquecimiento patrimonial ya no procedía debido a las prescripción de la acción penal, como al final resolvió el Poder Judicial de la Federación; pero el tiempo que pasaron en prisión los ex funcionarios estatales era irrecuperable.

En los dos sexenios del PAN (2000-2012) no se recuerda peces gordos bajo la justicia. El PAN asumió los vicios y componendas del viejo partido que criticaron para llegar al poder.

Enrique Peña Nieto apenas lleva a Elba Esther Gordillo, la líder del SNTE, presa desde hace un año acusada de lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal, teniendo como fondo su oposición a la reforma educativa.

A ver cómo sale con el caso de Oceanografía, bajo presunciones fundadas de beneficios indebidos de los panistas, pero que ahora chantajean la “responsabilidad registrada” amagando con atorar la legislación secundaria de la reforma energética.