Asuntos Públicos: DEL CONGRESO LOCAL

La diputación permanente, el grupo de diputados que sesiona en los recesos del Congreso local, dio entrada ayer a varios temas que formarán la agenda legislativa en los próximos días.

Uno de ellos es la convocatoria a sesión extraordinaria, citada para el próximo martes, para elegir al consejero –o más bien consejera- del Instituto veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), que suplirá la vacante de Luis Ángel Bravo, quien renunció a fines del mes pasado para asumir el cargo de procurador general de Justicia del Estado.

El Congreso, que debe elegir por votación de mayoría calificada, -de por lo menos 34 de los 50 integrantes., ya recibió la terna compuesta por el gobernador Javier Duarte; y aunque van tres, todo indica que la elegida es la primera de la lista, Yoli García Álvarez, cuyo nombre sonó en la pasada sesión de consejero, que finalmente favoreció a Fernando Caballero de Hombre. No obstante tener ningún impedimento legal, su designación no dejara de sugerir pago o compensación por servicios prestados; se desempeño como magistrada de la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con sede en Xalapa durante 9 años su periodo concluyó en marzo del año pasado; pocos meses después de haber dejado la ponencia electoral, estaba más puesta para treparse al IVAI, pero sería hasta ahora que lo conseguiría.

El procedimiento previo para el nombramiento establece un orden de prelación; así que no se duda en que ella obtenga los votos necesarios, dado el control político abrumador que tiene en el congreso el PRI y sus aliados; la señal es clara. En este puesto, que es el más probable, quedaría sólo de relleno los otros dos candidatos que integran la terna de uno; Ana Lilia Ulloa, académica de la UV y ex consejera del IFE y Javier Castellanos Chargoy, con antecedentes en el Poder Judicial.

INICIATIVAS

Por la certeza que serán aprobadas, se destacan dos iniciativas del gobernador, ayer recibidas por la Permanente y turnada a comisiones para cubrir las formalidades de procedimiento; la reforma a la ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado y la solicitud de autorización para que los municipios del estado contraten créditos con Banobras.

CON DEDICATORIA MARÍTIMA

Aunque en la primera de las mencionadas se destaca al cambio de nombre a la policía investigadora dependiente del Procurador, y si bien es cierto que existe una doble denominación a ésta –Policía Ministerial en la Constitución Política del Estado y Agencias Veracruzana de Investigaciones (AVI) en la Ley Orgánica, que debe ser armonizada, para adoptar por jerarquía normativa el de Policía Ministerial-, el meollo de la reforma es regularizar un nombramiento ya echo e informado. Entre los primeros nombramientos del procurador se designó titular de la AVI al Almirante de Marina Diplomado del Estado Mayor (retirado) Rogelio Gallegos Cortés, pero resulta que conforme a la Ley Orgánica vigente es requisito para ocupar el cargo contar con licenciatura en Derecho expedido por instituciones autorizadas, con una antigüedad de cinco años. Y obviamente el ex marino no lño cumple. Para enmendar esa omisión, la reforma propone adicionar que “tratándose del Director de la Policía Ministerial podrá dispensarse el grado académico cuando el titular sea un especialista en técnicas para el combate a la delincuencia”. Resuelto el asunto, mi Almirante.

PUNTEAR A AYUNTAMIENTOS

Es curioso y debería de explicase mejor cuál sería la ventaja financiera y operativa de que los Ayuntamientos de Veracruz contratarán créditos con Banobras, garantizados por sus recursos del Fondo Federal de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (FAIS), como se plantea en la solicitud de autorización del gobernador.

La cantidad global y el detalle por municipio se corresponden exactamente a las asignaciones previstas en Presupuesto Federal de Egresos para 2014, un total de 5 mil 238.7 millones de pesos, para cuya administración hay incluso un calendario mensual de enero a octubre. Es decir, se trata de fondos autorizados y programados en su entrega para cada municipio. Además de conforme a los lineamientos de operación de este fondo deberán aplicarse a los proyectos municipales catalogados como prioritarios de reducción de pobreza, previamente autorizados por la Sedesol. Adelantar la recepción de los recursos, vía crédito, indudablemte concede ventajas a la ejecución de obras y de reactivación económica, pero el crédito tiene un costo financiero, que no está incluido en el monto del fondo. Se dice que Banobras ofrece las mejores condiciones, comparativamente con otras instituciones, pero de cualquier forma hay que liquidarlo, y nada se dice en la exposición de motivos sobre el costo del crédito, con todo y7 que pueda ser mejor que en otros bancos.

Cabe decir que será voluntario para los ayuntamientos contratar el crédito con Banonras, aunque se faculta a la Secretaría de Finanzas para actuar en la gestión.

Por otra parte, la autorización de la legislatura permitirá a los ayuntamientos liquidar el crédito a más tardar al cierre de su administración, en noviembre de 2017, sin embargo, los recursos del FAIS vienen etiquetados y con rigidez en los conceptos de aplicación, por lo que tomar dinero a cuenta de años próximos podría presentarles dificultades de comprobación; aparte del ya mencionado costo financiero.