Asuntos Públicos: NUEVA INSTITUCIÓN ELECTORAL

Antes del tiempo concedido, concluyó en la Cámara de Diputados la designación de los 11 consejeros que integran el Consejo General del naciente Instituto Nacional de Electoral (INE), que sustituye al Instituto Federal Electoral IFE), y con ello, la más reciente reforma políticoelectoral promulgada en febrero ha comenzado su concreción.

Queda atrás el IFE, órgano público organizador de los procesos electorales, creado en 1990, pero que en su reforma de 1996 superó su origen de estado –lo presidía el secretario de Gobernación- para alcanzar autonomía constitucional y ciudadanización.

Se cierra un capítulo de la historia de la transición del país de viejo régimen autoritario de partido, casi único a la pluralidad política y la alternancia, a la democracia electoral, a la que si duda contribuyó, aun con altibajos, el éxito IFE. Su mayor indicador fueron las elecciones presidenciales, ganó la confianza ciudadana en 2000, fue severamente cuestionado en 2006 –haiga sido como haiga sido- y salió raspado por debilidades de fiscalización en 2012.

Es frecuente en la época contemporánea que las fuerzas políticas del país, tras un nuevo reparto del poder provenientes de elecciones, a fin de auspiciar la gobernabilidad pacten reformas electorales en la que el grupo dominante, en este caso el PRI, ceda a la oposición reglas que equilibren al futuro la competencia formal por el poder político.

En la actual reforma la transformación del órgano organizador de las elecciones es uno de los ejes; por un lado, se pretende depurar su filiación partidista y fortalecer la imparcialidad, por el otro, se le otorgan mayores facultades de fiscalización en aras de la equidad en la competencia electoral, se penalizan aún con nulidad de elecciones los excesos de gasto y origen ilícito de fondos; pero sobre todo, uno de los objetivos de la reforma es subordinar al nuevo Instituto los órganos electorales locales, acotando la influencia de los grupos de poder regional.

Si el IFE ya había avanzado de la designación por parte del Poder Ejecutivo al nombramiento de la Cámara de Diputados a propuesta de partidos políticos, el INE recurrió a nuevos filtros –un comité evaluador de aspirantes depuró alternativas, la Junta de Coordinación Política, de composición plural, hizo la selección y el pleno de diputados la aprobó por mayoría calificada.

Es imposible evitar la connotación política y partidista en los nombramientos, sólo que fueran ángeles y enviados por la divinidad por encima de los intereses en acción. Obviamente que hubo entre los tres principales partidos políticos –PRI-PAN-PRD- acuerdos, transacciones y repartos de cuotas, si no, cómo habrían consensuado las posiciones. Tal circunstancia, por tratar de una decisión política, es terrenal y partidista. Lo más importante es que se conduzcan sin compromisos partidistas o que en el campo electoral, su distinta procedencia haga el freno y contrapeso. La continuidad entre un órgano y otro se observa en que tres consejeros del anterior consiguieron pasar al nuevo.

ABSORBER ANTIGUAS INSTITUCIONES

La integración del consejo general de INE es apenas el primer paso. Deberá acomodar la vieja estructura del IFE –su servicio profesional de carrera- a las nuevas facultades que tendrá el INE, aparte del desorden y el exceso administrativos que se saben acompañaron al IFE. Al INE todavía le falta todo su marco legal secundario – cuya celebración y aprobación debe hacer el Congreso antes del 30 de abril. Como se sabe, una ley de partidos políticos nacionales y locales –que incluirá un sistema de fiscalización de recursos-, la Ley general de procedimientos electorales, y una tipología de delitos electorales. Ya hay algunas iniciativas partidistas sobre esos temas, pero la discusión formal todavía no empieza.

Uno de los cambios de mayor impacto por la Reforma se verificará en la competencia electoral en las entidades federativas. La vieja y reiterada queja de los partidos de oposición al PRI contrastando el “avance del órgano federal electoral”, con el rezago político en los estados, donde han acusado a los gobernadores de controlar los órganos locales electorales, encontró en el Pacto por México la coyuntura para su modificación. Después de su derrota en 2000, tras haber gobernado durante 71 años, el retorno del PRI en 2012 a la Presidencia de la República se produjo fundamentalmente a partir del control político que mantuvo en la mayoría de los estados de la República. No es casual que el actual presidente, Enrique Peña Nieto, haya sido antes gobernador, como no lo es que el PRI actualmente sea gobierno en 20 estados de 32 entidades federativas. El poder regional del PRI es clave en el sostén de ese partido y por ello, debilitar a los jefes políticos en sus entidades se volvió asunto crucial para la oposición.

Las nuevas reglas otorgan al Consejero General del INE la facultad de nombrar al consejero presidente y a seis consejeros electorales de los órganos electorales de los estados. El detalle debería ir en las leyes secundarias por aprobarse, pero de lo que no hay duda es que se reduce la influencia local para designar a los consejeros estatales.

Complemento de ese propósito de acotar la injerencia de los gobernadores es que también los magistrados electorales de los estados serán nombrados centralmente, esto en el Senado de la República por mayoría calificada.

Es evidente que la siguiente etapa de la democracia electoral mexicana tendrá uno de sus escenarios más disputados en los estados de la República.