Asuntos Públicos: MICHOACANAZO II

El modo en que el gobierno de Enrique Peña Nieto, al segundo año de gestión, está invirtiendo en la situación del estado de Michoacán, resulta de interés para el análisis de la nueva relación Gobierno federal –Estados, es decir, la forma actual de las relaciones políticas presidencialismo- gobernadores, en esta etapa retorno el PRI a la Presidencia de la República.

Podría pensarse que hay en este estado circunstancias especiales de ingobernabilidad que motivaron la intervención del Gobierno Federal: El desborde de la violencia de los cárteles de la droga, en particular el grupo de los Caballeros Templarios, así como de civiles armados, llamados grupos de auto defensas, ante el vacío de autoridades del Gobierno del Estado, de procedencia priista. Pero tampoco contuvo el estallido la administración de Peña Nieto en su primer año de gobierno.

Es apenas este año que se desplegó la intervención federal. A diferencia de sus antecesores del antiguo régimen priista no hubo una remoción directa, ni salida alterna al gobernador en turno, Fausto Vallejo, sino un desplazamiento y permanencia como figura decorativa. En cambio, designó a uno de los suyos –del Estado de México-, Alfredo Castillo, comisionado para la seguridad y el desarrollo, un gobernador de facto.

El segundo movimiento es la selectividad en la detención de altos funcionarios estatales; a diferencia de la política de captura masiva que aplicó su antecesor del régimen panista de la alternancia. Este fin de semana, la Procuraduría General de la República (PGR) llamó al secretario general de gobierno, Jesús Reyna, un importante político del PRI, que antes fue cambiado a gobernador, coordinador de campaña de Vallejo, y gobernador sustituto de éste por varios meses el año pasado, y por sorpresa le decretaron arraigo para investigación bajo sospecha de vínculos con la delincuencia organizada. Supuestamente en la campaña electoral sostuvo encuentros con los líderes de los Caballeros Templarios.

Los problemas de violencia narcotráfico y de presunción de narcopolítica en Michoacán no son nuevos. Bajo anteriores gobiernos, el federal del PAN, y el estatal del PRD, en 2009 se verificó otro episodio de investigación federal, conocido como el Michoacanazo; el gobierno de Felipe Calderón aprehendió y procesó a un numeroso grupo de alcaldes, la mayoría perredistas, y funcionarios de la administración del gobernador Leonel Godoy, los acusó de complicidad con el entonces cártel dominante, La Familia Michoacana, pero al final todos fueron exonerados por la justicia federal. En la campaña electoral para gobernador, en 2011, la candidata derrotada del PAN, la hermana de Calderón, y el entonces presidente acusaron la presencia de la narcopolítica; ahora, con el arraigo de Reyna, Peña Nieto parece darle la razón. A ver si esta vez el gobierno de Peña hace diferencia con el de Calderón en la eficacia de la acción penal y sobre todo en la pacificación de Michoacán.

LA FÓRMULA

El manual en formación para controlar absolutamente un estado desde la Presidencia de la República indica la secuela: 1.- Desplazamiento del gobernador, 2.- Designación de gobernador de facto, bajo figura de comisionado federal. 3.- Entrada de fuerza federales. 4.- Acusación penal selectiva de funcionarios. 5.- No importa si son del PRI.

Ese es el caso extremo, aun que hay grados de intervención, especialmente por medio de los operativos de seguridad. Con esto ya se ha tomado el control político del Estado de México, y franjas territoriales en otros, como en Tabasco y Guerrero. En los demás, donde se ha alterado sustancialmente la paz pública y la gobernabilidad, se ha mantenido la sola presencia de las fuerzas armadas, como es el caso de Veracruz.

La intervención federal en Michoacán no deja de ser mensaje indirecto a los demás gobernadores. Por otro lado, aun falta que pruebe la eficacia de sus acciones.

MISCELÉNEA

La conferencia de prensa de los lunes del gobernador Javier Duarte, como lo ha venido haciendo, es de varios temas. Ayer abordó, entre otros, el turismo –por la proximidad de la Semana Santa-, la incidencia delictiva en Veracruz –para argumentar el descenso en los índices en los delitos de mayor impacto según la estadística histórica (acaso para ahuyentar el fantasma de Michoacán)-, así como la cooperación con gobernadores del sureste en la protección de los agredidos migrantes centroamericanos; las fricciones con el ayuntamiento panista del Chiquiperro Miguel Ángel Yunes Márquez por la transferencia del servicio de Tránsito, que al margen del conflicto politizado causa desconcierto e incertidumbre entre la población, dada la actuación de dos autoridades de tránsito en ese territorio. Al parecer el alcalde panista no ha cumplido los requisitos legales para que se le entregue, pero ya anda haciendo borlote de violaciones a la autonomía municipal. Esperemos no llegue la sangre al río.

Por otro lado, el gobernador adelantó la designación de una de las hijas del difunto cacique del sur, Cirilo Vázquez Saut, como subsecretaria de Desarrollo Agropecuario, ¿sabrá de qué se trata esa función?

El nombramiento de la ex alcaldesa por dos veces de Acayucan (una por el PAN y otra por el PRI) y ex diputada federal, por el PRI, por ese mismo distrito, sólo es explicable como concesión al grupo político de la familia del extinto cacique (la hermana, Regina Vázquez Saut, igualmente ha sido alcaldesa y diputada federal, se turnan los cargos) se observa con evidencia conexión a los procesos electorales por venir. A ver si funcionan esos pactos.