Asuntos Públicos: VUELVE A LA AGENDA EL TÚNEL SUMERGIDO

De los varios asuntos agendados para desahogarse en la sesión extraordinaria del Congreso local este viernes, el más importante podría ser el punto de acuerdo sobre la interminable obra del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, un proyecto financiado con fondos federales y estatales, concesionado a un grupo de empresas privadas.

La ruptura en las negociaciones entre la concesionaria (Cotuco) y el Gobierno del Estado es evidente. Por ello, se advierte una estrategia de presión en el proyecto de punto de acuerdo presentado por el diputado del PRI por el distrito de Misantla, Heber Alan Carballo Salazar, mismo que sería votado este viernes en la sesión extraordinaria. De aprobarse –como seguramente lo será–, el Congreso pedirá al gobernador que rinda un informe, por conducto de su secretario de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), del estado en que se encuentra la obra y el motivo por el cual aún no se concluye.

El Túnel Sumergido de Coatzacoalcos es una obra de infraestructura que reemplazará –si algún día se termina– el obsoleto puente Coatzacoalcos I, conectará esa ciudad con la comunidad de Allende, por debajo del río, a lo largo de poco más de 3 mil metros y 4 carriles.

Como se sabe, la obra sigue paralizada, sin que se tenga a la vista una solución amigable para reactivarla. Se adjudicó en 2004 a un grupo de empresas de capital español, debió terminarse en los tres siguientes a un costo de 1,784 millones de pesos, sin embargo, debido a múltiples manoseos y arreglos ha triplicado su costo y retrasado su entrega al menos siete años de su proyecto original. Y lo peor, no termina de concluirse, la empresa dice ya no tener dinero, el gobierno haber cumplido su parte en las aportaciones económicas. Además, pesan sobre la construcción multimillonarias observaciones de irregularidades que difícilmente serán subsanadas, por lo que no se descarta un escenario litigioso con acciones de tipo penal.

Irregularidades evidentes

La aplicación de recursos públicos –como las diversas modificaciones que ha tenido el programa de obra y la concesión– ha resultado de las más señaladas en las auditorías, tanto de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como del órgano estatal (Orfis). El último paquete de irregularidades detectadas por el Orfis por el ejercicio 2012 determinó el posible daño patrimonial en 225.7 millones de pesos.

La integración del daño detalla una gran cantidad de observaciones por costos inflados, estimaciones de obra pagadas sin soportes ni dictamen, pagos extraordinarios considerados contractual y técnicamente improcedentes, volúmenes de obra que no cuadran.

Los responsables del fideicomiso del Túnel ya tuvieron en el Orfis la audiencia de pruebas y alegatos el día 7 de marzo, sus materiales están en evaluación, pero se duda que hayan podido solventar las observaciones. La resolución que determinará responsabilidades y fincamiento de indemnizaciones y sanciones económicas está prevista para el 23 de abril, como fecha límite.

Posiblemente la resolución del Orfis se empate con la comparecencia de Buganza al Congreso para informar sobre la crisis del Túnel Sumergido.

Acciones

Aunque no es necesario que el Gobierno del Estado busque una legitimación en el Congreso o en la opinión pública para proceder legalmente contra empresarios defraudadores y funcionarios coludidos –la defensa del interés público es su obligación–, ventilar el tema en el Congreso contribuirá a la transparencia. No está de más que se haga pública la historia de incumplimientos y posibles desvíos de recursos en la construcción del Túnel, la exhibición de abusos, negligencia y hasta complicidades entre funcionarios y empresarios privados. Y además que se presenten las alternativas para terminar la obra y, obviamente, exigir el resarcimiento de los daños.

Otros temas de la extraordinaria

La sesión del pleno de diputados de mañana se ocupará también de reformas a varias leyes y de una autorización de créditos para ayuntamientos. Es claro que toda la agenda se aprobará. Reformarán la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado para cambiar el nombre a la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) por el de Policía Ministerial, así como para exceptuar a su director de tener licenciatura en Derecho –regularizar el nombramiento al almirante (retirado) Rogelio Gallegos Cortés–; entrará la reforma al Código de Procedimientos Penales propuesta por el diputado Juan Nicolás Callejas para prorrogar el inicio del nuevo sistema de justicia penal –juicios orales– en los 9 distritos judiciales que se incorporarían en el mes de mayo; y autorizarán a que la Sefiplan y los ayuntamientos contraten créditos con Banobras hasta por 5 mil 238.7 millones de pesos, pagaderos al penúltimo mes de gestión municipal (noviembre de 2017), mismos que estarán garantizados con los recursos federales asignados en el Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (FISM).