La política, la justicia y sus deudas históricas: un capítulo más sobre el crimen del Pastor Claudio

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Personaje de poder por donde se le vea.
Político entrón.
Hombre de polendas o de polenta.
Víctor Andrade López, líder del sindicato de electricistas en Coatzacoalcos, presidente –con licencia- del PRI porteño, regidor en el cabildo que encabeza Joaquín Caballero Rosiñol, llegó al cargo de elección popular que ostenta con el apoyo de Javier Duarte de Ochoa.
Fue en un evento de la CTM encabezada por Carlos Vasconcelos, donde Andrade López habló al oído del gobernante y tiempo después su posición en la planilla priista que ganaría los comicios locales estaba asegurada.
Formado en la tradición política del PRI, donde “la disciplina institucional” es pieza fundamental en toda carrera que se precie de ser exitosa, Víctor Andrade se vio sometido a una coyuntura dramática cuando cuatro de sus compañeros en el sindicato de electricistas fueron acusados por el asesinato del pastor Claudio Martínez Morales, el 17 de junio del 2013.

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Este caso -que mantiene conmocionado a Coatzacoalcos- tiene múltiples implicaciones, además de la principal que nos remite al tema de la justicia por el artero crimen de un Ser Humano.

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Víctor Andrade López, por ejemplo, asumió el papel específico del líder que defiende a su gremio y en su momento organizó múltiples bloqueos en los accesos principales de Coatzacoalcos, en defensa de los cuatro electricistas detenidos como presuntos asesinos materiales del Pastor Claudio.
Perogrullada obligada, para Andrade López sus compañeros de trabajo y representados sindicales son inocentes y han sido convertidos en “chivos expiatorios” para dar solución a un asunto judicial que desde su inicio se bañó de afanes, intereses y argumentos de carácter político.
Al tratarse de una víctima con notable presencia en el sector religioso de Coatzacoalcos, la muerte del Pastor Claudio Martínez Morales atrajo la atención de toda la opinión pública y en particular la mención –directa o indirecta- de partidos políticos y personajes públicos locales y estatales.
A la condición de líder religioso del personaje apuñalado, añadamos la circunstancia del momento electoral que se vivía en junio del 2013 en el estado de Veracruz., donde se renovarían alcaldías y congreso en julio del mismo año.

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Todo lo anterior viene a colación porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos acaba de avalar –seguramente sin que ese haya sido su propósito- el reclamo del regidor, líder priísta y dirigente sindical porteño.
La CNDH ha requerido a la Procuraduría de Justicia de Veracruz, a cargo del Luis Angel Bravo, que indague los casos de tortura de que habrían sido víctimas los señores Adrián Zaldívar Valencia, Felipe Vicente Cortés Rodríguez, Roberto Lara Velázquez y Jorge Arturo Lara García, a manos –presuntamente- de agentes ministeriales involucrados en la investigación del asesinato del Pastor Claudio.
A diferencia de Víctor Andrade López que ha llamado inocentes más de una vez a sus colegas, la CNDH se limita a exponer conclusiones de una investigación a cargo suyo, en la que se habría demostrado que los detenidos fueron obligados a declararse culpables por el crimen del Pastor Claudio a base de tortura.
Esto constituye una violación flagrante de sus derechos humanos y echa por tierra el andamiaje jurídico que los mantiene en prisión.
Dicho de otro modo, la CNDH no determina si se trata de personas inocentes o culpables en torno al asesinato de líder de la Comunidad de Dios suscitado el 17 de junio del 2013. En sentido estricto la Comisión establece que las autoridades ministeriales no actuaron apegadas a derecho y por tanto convirtieron en víctimas a ciudadanos a los que acusa de ser victimarios.
No está en manos de la CNDH solicitar la libertad o el encarcelamiento de ciudadanos acusados de tal o cual delito.
Su papel es el de vigilar el respeto a sus derechos humanos y en el caso de que éstos hayan sido violados reclamar el castigo a los culpables.
Empero, en el espíritu del Sistema Legal que nos rige nadie puede acusarse a sí mismo de haber cometido un crimen, bajo condiciones coercitivas, porque eso elimina automáticamente la validez de esa declaración.
En otras palabras, las pruebas de la CNDH en el sentido de que los cuatro electricistas fueron torturados, deberá traducirse –de facto- en causal de liberación de éstos.

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La liberación de acusados –al margen de su culpabilidad- por errores atribuibles al sistema de procuración de justicia es algo común en México y en Veracruz.
Algo semejante –con sus respectivos matices- ha ocurrido en torno al crimen de la Periodista Regina Martínez, corresponsal en Veracruz de la revista Proceso.
De darse la liberación de los electricistas acusados de matar al Pastor Claudio estaremos ante un nuevo escándalo de la PGJ jarocha.
La memoria de Claudio Martínez Morales ocuparía el mismo sitio que la de Regina Martínez en el escenario histórico de las víctimas de muertes infames y de la impunidad en un sistema de procuración de justicia repleto de fallas.

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Asimismo, el rostro político de esta historia permanecerá allí, con su inevitable color de acecho.
En el caso del líder del SUTERM y regidor de Coatzacoalcos, Víctor Andrade López, se le concederá ver libres a los colegas que visitó en el Duport Ostión y a quienes ha defendido a capa y espada bajo el argumento de su inocencia: no demostrada totalmente, pero tampoco eliminada a cabalidad.

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Finalmente, recordemos que el caso del Pastor Claudio Martínez Morales, como el de muchas otras víctimas, implica la existencia de autores materiales pero también de responsables intelectuales.
El tiempo dirá si la PGJ en su búsqueda de mejoría histórica, lograr cerrar exitosamente esta investigación.