Irán se los llevó a la villa

Será en otro momento, cuando estén más preparados, que los diputados locales se percatarán y podrán imputar al secretario de Salud saliente, Arturo Irán Suárez Villa, por las numerosas irregularidades en el manejo financiero del Sector Salud de Veracruz.

Ayer en su comparecencia ante la comisión legislativa de salud para la glosa del segundo y último informe de gobierno, lo dejaron ir.

No le pisaron la larga cola por negocios turbios con empresas privadas favorecidas. Pasaron por alto, como si no existieran para ellos, los abusos en la asignación directa de contratos para adquisiciones, obras y servicios, detectados en las auditorías de 2017, y además reiteradas en 2018, como se ilustra en la edición de hoy de este diario.

Salvaron a Irán Suárez al menos tres factores; la falta de preparación de los nuevos diputados y diputadas sobre el tema; el distractor pleito personal entre la presidenta de la comisión, Andrea Yunes del PVEM, y la diputada del PAN Josefina Gamboa, enfrascadas en dimes y diretes por más de media hora, arrebatadas de protagonismo, cuál dipu-divas; y el formato blindado de las comparecencias que concede ventajas al secretario de despacho en el uso del tiempo de la palabra y en las evasivas verbales a lo que le preguntan.

Para la otra
Tendrá que aplicarse el próximo secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, en la verificación de la entrega-recepción y la auditoría a fondo del estado de la dependencia, y jalar el hilo de las operaciones bajo sospecha de corrupción; al igual que la actual Comisión de Vigilancia del Congreso, ahora presidida por el diputado de Morena, Erick Domínguez Vázquez, en el seguimiento de la fiscalización de la Cuenta Pública de 2017, la cual detectó faltas administrativas graves en compras de medicamentos, material de curación y otras carentes de documentación, así como en los contratos de obra pública con expedientes mal integrados; aparte del daño patrimonial en las obras hospitalarias. Además de ponerse alertas en la revisión del año en curso, que ya apunta a que siguió la fiesta del contratismo amigo y de preferencia poblano.

Pero lo que fue ayer, Irán les recetó atole con el dedo a los nuevos diputados.
Pase equivocado

La anunciada revisión de los actuales diputados al dictamen de la Comisión de Vigilancia de la anterior legislatura que exoneró de última hora 326 millones de pesos por daño patrimonial a 60 municipios, y de pasada limpió las “faltas administrativas graves” en la SIOP al hoy senador del PAN, Julen Rementería, va directo al pantano.
Tomaron un camino erróneo; si el objetivo es disponer de elementos para una posible nulidad y determinación de responsabilidades por la falta de facultades de los diputados integrantes de Comisión de Vigilancia, entonces controlada por el PAN.
Por ingenuidad o ignorancia, o por ambas, los actuales dirigentes del Congreso del Estado, José Manuel Pozos y Juan Javier Gómez Cazarín, obviamente del partido Morena, están atenidos a lo que determine el contralor interno del Congreso, René Buenrostro Hernández.

Aparte de la dudosa competencia legal del órgano de control interno –limitada a funciones de auditoría, control y evaluación y responsabilidad por faltas administrativas–, parecen desconocer la filiación política y pertenencia de grupo de su contralor interno.

René Buenrostro, de abierta militancia en el PAN, era colaborador directo del coordinador del grupo legislativo de ese partido, Sergio El Bailador Hernández, quien como presidente de la Junta de Coordinación Política promueve su postulación y aprobación, en la previa legislatura, al cargo que hoy detenta.

Con razón se ríe el diputado del PAN, Juan Manuel de Unanue, de la denuncia que presentó el contador Sergio Vázquez, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

Concesiones protocolarias al gobernador Yunes
Con todo y las hostilidades de la transición, la guerra verbal y la ausencia de civilidad del saliente gobierno de Miguel Ángel Yunes con el gobernador electo Cuitláhuac García, los líderes legislativos de Morena se rinden al culto protocolario al titular del Poder Ejecutivo.

El formato que aprobaron ayer para la comparecencia de Yunes, al término de la glosa de sus secretarios de despacho, estrictamente va más allá de la disposición constitucional. La presencia del gobernador ante el pleno del Congreso, según la constitución reformada, tiene por objeto “responder las preguntas que le formulen los diputados”. Si el gobernador ya les entregó el documento de informe anual del estado que guarda la administración pública, y además están recibiendo los informes sectoriales con la comparecencia de los secretarios de despacho, los diputados deberían estar listos, el próximo jueves 29 de noviembre, el día previo a que concluya su mandato, para formular sus preguntas al gobernador y abrir el debate sobre temas específicos.

Con su complacencia se tragarán todavía un rollo de propaganda directa de Yunes hasta por 40 minutos, para empezar.

Por otro lado, aunque la sesión es en el pleno, únicamente podrán preguntar, en una sola ronda, un diputado por cada grupo legislativo y la diputada suelta de PVEM, serán 6 los preguntones, y el presidente de la Mesa Directiva, como maestro de ceremonias. Suena a rito del Ejecutivo; aún en fase terminal.