FRANCO… ABUSO DE PODER

Podemos no simpatizar con Rogelio Franco Castán, exsecretario de gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares (2016-2018) y líder del PRD en Veracruz, condenar la violencia contra su ex pareja- si la cometió- pero no aprobar que la Fiscalía General del Estado(FGE) viole y tuerza la ley para detener y aprisionar a cualquiera, si tiene consigna política.

Los motivos políticos de su detención el pasado sábado en Tuxpan, no pasan desapercibidos, aunque se le haya creado una nube mediática y un pretexto para justificarla.

Si bien es cierto que hay una orden de aprehensión en su contra dictada por un juez de control del distrito de Pacho Viejo, por una revivida denuncia de su ex esposa por hechos de violencia familiar ocurridos en 2016, que antes se habían ventilado en medios de comunicación y ella retractado, no es por esta causa que fue detenido.

Según los documentos difundidos, Rogelio Franco Castán gozaba de protección de la justicia federal, en juicio de amparo tenia una suspensión provisional concedida por un juez de distrito en contra de cualquier orden de aprehensión de autoridades del estado.

ULTRAJES A LA AUTORIDAD DUDOSOS
La secuela de su detención es por eso mas que sospechosa. Al no poderle ejecutar dicha orden de aprehensión, lo detienen en ” flagrancia” por el delito de ” ultrajes a la autoridad”, una acción supuestamente cometida en contra de los agentes de la policía ministerial. Dicen que rompió la orden de aprehensión alegando no lo podía detener pues estaba amparado y además en el jaloneo rasgó la camiseta a uno de los agentes ministeriales.

No es creíble la comisión de ultrajes a la autoridad, cuando para detenerlo se desplegó un fuerte operativo policiaco que lo cercó. De todos modos Rogelio te llamas.

Los procesos legales seguirán su curso. Se verá si el poder judicial federal responde a la queja de que las autoridades del estado se mofaron de la orden de suspensión concedida, y a la demanda de amparo por el nuevo delito inventado, si mantienen en prisión a Franco, por los ultrajes a la autoridad, pese a que no es un delito clasificado de prisión preventiva oficiosa- aquí los atornillan de cualquier forma- con la complicidad del poder judicial del estado; igual habrá de saberse que pasará con la imputación por violencia intrafamiliar (igual un delito no grave en el código penal) basada en hechos controvertidos, no fáciles de probar a la distancia y que ha recibido contra argumentos, inclusive de las hijas del matrimonio Franco-Guillermina que han salido a desmentir a su madre.

Las dirigencias del PRD, el nacional Jesús Zambrano y el local, Sergio Cadena, por separado, acusaron al gobierno del estado de la detención arbitraria de Rogelio Franco. Zambrano, como en ocasión al homicidio de la alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos, arremetió fuerte contra Cuitláhuac García, no lo bajó de inepto y sátrapa. También se pronunciaron condenando la detención arbitraria e intimidatoria los dirigentes estatales de la coalición opositora Sergio Cadena del PRD, Joaquín Guzmán del PAN y Marlon Ramírez del PRI.

USO FACCIOSO DE LA FISCALÍA
El uso faccioso con criterio selectivo de la acción persecutoria y punitiva del Estado es inocultable. En la temporada de caza abierta con el proceso electoral no es casual que Rogelio Franco haya sido secretario de gobierno de Miguel Ángel Yunes ( 2016-2018) que el PRD sea parte de la coalición opositora junto con el PAN y PRI, en contra del partido gobernante Morena, tampoco que Franco estuviera incluido en la lista del PRD para candidatos a diputados plurinominales de la próxima legislatura local.

Obviamente a estas alturas y dada la constante actuación facciosa de la Fiscal Verónica Hernández Gidans, resulta ocioso ocuparse de su subordinación a las consignas del poder ejecutivo, concretamente de su siempre Jefe, el secretario de Gobierno Eric Cisneros.

El discurso de justicia a las mujeres, metido como justificación en la decisión de actuar en contra de Franco, no es creíble para nadie, menos después de la farsa de Morena que ratificó al acusado de violador Félix Salgado Macedonio como su candidato a Gobernador de Guerrero.

Tampoco es coincidencia que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda persigan en esta temporada de caza a personajes de la política, y por supuesto de la oposición. El desafuero del gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, del PAN, la reapertura de la investigación por lavado de dinero a Beltrones y su hija, del PRI, y a uno de los socios de la familia, son de los mas recientes episodios de una acción contra opositores de la que todavía habrá mucho que ver. Independiente de si hay causa legal o no, el timing de lanzar la persecución no es ajeno a la búsqueda de efectos electorales.

ULTRAJES, TIPO DELICTIVO A MODO
La actuación de la Fiscalía General del Estado(FGE) ya muestra un patrón peligroso y atentantorio a la libertad por su recurrencia a imputar el delito de Ultrajes a la Autoridad.

Si no pueden detener y encarcelar a alguien por falta de integración de la carpeta de investigación por otro delito- o por amparo como el caso de Franco- lo mas sencillo es cargárselo e imputarle los ultrajes. El tipo delictivo y la complicidad del juez de control ( sometido el poder judicial como se sabe) facilita legalizar la detención, vincularlo a proceso y darle prisión preventiva por el tiempo que quieran. Dice el texto legal ” A quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ella …” es la palabra de la autoridad contra la del inculpado.
La imputación de este delito tiene entre sus casos mas conocidos, al ex diputado Mariachi, Erik Iván Aguilar López, desaforado y en prisión necesaria, los presuntos asesinos de la alcaldesa de Jamapa, los autodefensas de las Choapas, los policías de Orizaba, y otros muchos mas.

Recientemente este delito en Veracruz aumentó la pena de prisión de dos años máximo hasta 9 años. A contracorriente con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que desde 2016 invalidó este delito del Código Penal de la ciudad de México por su redacción vaga q permite los abusos de la autoridad y ser violatorio de la libertad de expresión.

Como aquí no solo está vigente sino reforzado y politizado, tenga cuidado de no atreverse siquiera a sacar la lengua a un agente de Tránsito, menos a un policía de seguridad pública o ministerial. El Estado policiaco de la 4 T hace la historia del nuevo autoritarismo.

LO ATORAN 8 MESES
Anoche se conoció el resultado de la audiencia inicial de Rogelio Franco, una juez de control de Tuxpan comprobó la “legalidad” de la detención y le aplicó la receta de consigna, le impuso prisión por 8 meses, preventiva y necesaria, pese a que el delito no está catalogado en el Código Nacional de Procedimientos Penales en los que justifican esa medida precautoria. El delito que le imputan es Ultrajes a la Autoridad.