En 10 días liberarían a acusados por el asesinato del Pastor Claudio

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De rostro serio, con actitud y semblante relajado, el nuevo Subprocurador de justicia en el Sur de Veracruz deja dos cosas en claro:

a) En unos días más –alrededor de diez- se definiría la circunstancia jurídica de los cuatro trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, presos como presuntos responsables de la muerte del Pastor Claudio Martínez, en Coatzacoalcos.

b) La investigación ministerial sobre este asesinato -ocurrido el 17 de junio del 2013 en la colonia Petrolera- sigue abierta; es decir, hay más personal involucradas que podrían ser detenidas.

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Los presuntos asesinos del líder de la Iglesia Comunidad de Dios buscaron un amparo federal bajo el argumento de haber sido torturados para declararse culpables.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recomendado a la Procuraduría General de Justicia de Veracruz –a cargo de Luis Angel Bravo- que atienda la queja de los presos pues cuenta con elementos que prueban su declaración forzada.
¿Los cuatro detenidos –apoyados por el líder del SUTERM y regidor de Coatzacoalcos, Víctor Andrade López- son culpables del crimen del Pastor Claudio?
La PGJ opina que sí y asegura tener pruebas al respecto.
Dichos indicios están en manos del Juzgado Tercero de Primera Instancia que atiende la Causa Penal respectiva.
Empero, la discusión jurídica en torno a este caso se ha enredado más allá de la culpabilidad sobre un asesinato y se ubica en la presunta violación de los derechos humanos de cuatro detenidos.
En este contexto, se le pregunta al Subprocurador Ricardo Carrillo Almeida sobre el destino de los cuatro presos y establece: “si el juez considera válidas las pruebas sobre la tortura de que se dicen víctimas, quedarán liberados de inmediato”.
Y como nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, en el caso de que los cuatro trabajadores de la CFE queden libres, nunca volverán a pisar la cárcel por el asesinato del Pastor Claudio Martínez, aunque sean responsables, como lo ha valorado la PGJ.

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¿Y la justicia para la memoria y la familia del Pastor?
La investigación ministerial sigue abierta y hay otros involucrados, es la respuesta oficial.
De acuerdo, habría otros involucrados detenidos y se esclarecería plenamente el caso; se seguirá procurando justicia…sólo que el comportamiento de agentes ministeriales ante los detenidos, al haberlos torturado, echaría por la borda la justicia plena en torno a este asesinato.

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Cuando Ricardo Carrillo Almeida llegó a la Subprocuraduría de Justicia en el Sur, esta historia había cumplido más de 8 meses de haberse iniciado y desarrollado.
Algo semejante ocurre con el Procurador Luis Angel Bravo.
Los nombres de Amadeo Flores Espinoza al frente de la PGJ y de Jorge Yunis Manzanares de la Subprocuraduría en el Sur, aparecen al inicio de este drama de crimen e impunidad.
Si en unos diez días se resuelve la situación jurídica de los electricistas y éstos salen libres la PGJ deberá aclarar a la sociedad si el Pastor Claudio Martínez murió y sus asesinos no pagarán nunca por su culpa; o si los cuatro presos, además de torturados, han sido víctimas atroces de una detención incorrecta e injusta.
Cualquiera de los dos finales es lamentable.
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Recordemos el caso de Regina Martínez, periodista histórica de Veracruz; mujer de letras, de ética, de profesionalismo y de valor a toda prueba, quien fue asesinada en su domicilio de Xalapa y luego el único detenido por tal crimen fue liberado por una violación a sus derechos cometida por la PGJ.
En Coatzacoalcos, se vive un contexto semejante.

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Uno de los grandes compromisos del actual Procurador veracruzano consiste en la limpieza absoluta de la corrupción que afecta a la dependencia a su cargo.
La ineficacia es una forma de corrupción, sobre todo en un tema tan delicado como el de la justicia.
Los relevos en Subprocuradurías y Agencias del Ministerio Pública –se entiende- apuntan en ese sentido.
Por lo pronto, en el Sur conoceremos de nueva cuenta los alcances de la torpeza y las complicidades en el ámbito de la Procuración de Justicia.
Y a los nuevos funcionarios de la PGJ no les quedará más que bailar con la más fea, así se las hayan heredado.
También les quedará la obligación de castigar a los responsables de violar los derechos humanos de víctimas como el Pastor Claudio Martínez y Regina Martínez; y de causar un profundo daño moral a sus respectivas familias y a la sociedad en general.