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Un grupo de aproximadamente 15 personas, integrantes de la extinta policía intermunicipal Poza Rica–Tihuatlán–Coatzintla, arribó este lunes al Parque Juárez, en el centro de Xalapa, para exigir el cumplimiento de pagos y adeudos que, aseguran, siguen pendientes desde hace más de una década.
Los manifestantes, encabezados por su representante legal el abogado Adel Oscar Juárez Telles, solicitaron una audiencia directa con la gobernadora Roció Nahle, ante lo que califican como incumplimientos y omisiones por parte de distintas instancias gubernamentales.
Denuncian incumplimiento de pagos
Juárez Telles explicó que originalmente existía una lista oficial sellada por tres instancias: Gobierno del Estado, Unidad Administrativa y Fiscalía, donde se encontraban enlistadas las personas afectadas. Según detalló, el gobierno estatal informó en su momento que el pago ya había sido totalizado, con un monto aproximado de cuatro millones de pesos; sin embargo, aseguró que aún existen afectados que no han recibido el recurso correspondiente.
“Cuando llegó el momento de pagar los últimos diez, dijeron que ya se había totalizado el pago. Yo vi los cheques, sí existían, pero como algunos ya son finados, según los regresaron”, señaló.
Indicó que mientras 166 personas habrían recibido pagos parciales, aún faltan alrededor de 100 afectados, aunque el número exacto varía conforme se han ido ratificando casos ante la Fiscalía de Poza Rica.
Pagos irregulares y montos variables
El representante señaló que los pagos realizados no se efectuaron conforme a derecho, ya que fueron entregadas cantidades variables —de 19 mil, 20 mil o hasta 40 mil pesos— sin que existiera un criterio uniforme.
“Pagaron lo que quisieron”, afirmó.
El conflicto se remonta al 1 de julio de 2015, fecha en que, policías intermunicipales en la región de Poza Rica–Tihuatlán–Coatzintla, fueron despidos en forma masiva 400 elementos sin recibir una liquidación conforme a la ley, y la desarticulación de la Policía Intermunicipal (PIPTC) por parte del Gobierno de Veracruz, bajo la administración de Javier Duarte de Ochoa, para dar paso a la Policía Estatal.
Los expolicías denunciaron que, tras ser despedidos, se simularon sus pagos mediante la falsificación de firmas en cheques de liquidación, dinero que presuntamente fue cobrado por funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Este evento dio origen a las denuncias. La carpeta fue presentada ante la Fiscalía Anticorrupción en Xalapa y posteriormente, en 2022, fue radicada en Poza Rica por incompetencia territorial. Uno de los más graves es la presunta pérdida total del expediente judicial. El abogado Juárez Telles, afirmó que la carpeta de investigación, integrada por 18 tomos, se habría inundado durante las lluvias registradas el pasado 10 de octubre en Poza Rica, quedando inutilizable. “Ya no hay expediente, se inundó completamente”, reiteró.
Los manifestantes acudieron previamente a la Fiscalía en Xalapa, pero aseguran que no fueron atendidos bajo el argumento de que se trataba de día feriado, pese a haber viajado desde Poza Rica. El grupo de ex policías, anunció que acudirá a la Unidad Administrativa para verificar la existencia física de los cheques y solicitar que se realice el pago correspondiente.
Según explicaron, si los cheques están registrados en la base de datos oficial, podría efectuarse la liberación del recurso; de lo contrario, se verían obligados a continuar el proceso judicial, aunque actualmente no exista expediente formal debido a la presunta inundación. Los manifestantes advirtieron que continuarán insistiendo hasta lograr que se culmine el pago total y se dé respuesta a todas las víctimas involucradas.
