Proceso legal nos pone a prueba

En cualquier país del mundo, desarrollado, democrático, con un verdadero sistema de justicia profesional autónomo, independiente, es la normalidad que un tribunal superior revoque una sentencia atendiendo razones jurídicas de peso.
En cualquier país con esas características es lo más común y la sociedad no sólo lo ve bien sino que lo aprueba, porque sabe que de esa forma se garantizan sus derechos como ciudadano y se le protege de actos arbitrarios o contrarios a la ley.
En Veracruz se acaba de dar un caso que debiera analizarse con responsabilidad y acaso saludarse porque podría constituir un asomo del principio que nos podría llevar o estar colocando en un sistema de justicia ejemplar, creíble y fuera de toda sospecha.
La exoneración legal del presunto asesino de la periodista Regina Martínez, Jorge Antonio Silva Hernández, “El Silva”, por parte de dos de los tres magistrados de la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, nos pone a prueba.
No es ninguna novedad la sospecha o la creencia, porque varios casos en diversos momentos así lo han demostrado, que ha existido una confabulación y una connivencia a la hora de impartir justicia entre los poderes Ejecutivo y Judicial del estado.
A lo único que ha llevado esa relación interesada ha sido a dañar la imagen de uno y otro y a restar credibilidad ciudadana a los órganos tanto de procurar como de impartir justicia, esto es, la Procuraduría y el Tribunal Superior, ambos de Justicia.
Con los votos de los magistrados Edel Humberto Álvarez Peña y Andrés Cruz Ibarra, el pasado jueves 8, hace una semana, la Séptima Sala revocó la sentencia de 38 años y dos meses de prisión a que la juez tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Beatriz Rivera Hernández, había condenado a “El Silva” en abril anterior.
(¿Es ella la misma juez que el 31 de agosto de 2012 dictó auto de formal prisión a Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo Pagola, los famosos tuiteros, por los supuestos delitos de terrorismo equiparado y sabotaje, que estuvo a punto de condenarlos hasta a 30 años de prisión y quienes finalmente salieron libres al desistirse la Procuraduría General de Justicia del Estado ante la inminencia de que un tribunal federal los absolviera porque no se configuraban tales delitos?)
Los magistrados consideraron que el acusado no contó con una debida defensa, que las autoridades no cumplieron con el debido proceso porque no llevaban orden de aprehensión y que dicho proceso se centró exclusivamente en la confesión del acusado y que ésta fue obtenida bajo tortura.
El Procurador Felipe Amadeo Flores Espinosa reaccionó en forma muy centrada y sin estridencias. Dijo que la Procuraduría respetaba pero no compartía el criterio jurídico de la Sala Penal. Afirmó ser respetuoso de la decisión del Poder Judicial pero insistió en estar en desacuerdo con los argumentos jurídicos de los magistrados y expresó que los magistrados habían descalificado pero no valorado las pruebas presentadas.
Creo que las posiciones de los magistrados y del Procurador son muy claras. Vistas así las cosas no habría duda de que simple y llanamente se hizo justicia y se aplicó la ley, que se obró conforme a derecho con base en razones, argumentos y pruebas, como debe ser en todo proceso legal, y que, necesariamente, alguien falló.
Pero mientras que la parte acusadora directamente interesada y en este caso puesta en evidencia reaccionó dando sus propias razones y expresó respeto por quien le dio palo (es un término usado en la jerga abogadil y de tribunales cuando fallan contra alguien en un caso legal), extrajudicialmente se ha desatado un linchamiento mediático especialmente contra el magistrado Álvarez Peña utilizando argumentos totalmente ajenos al proceso.
¿Y qué tal si lo que hicieron estos magistrados no fue más que anticiparse a una resolución similar que de otro modo hubiera dictado un tribunal federal con base en los mismos elementos que tomaron en cuenta en el tribunal local, si la defensa del acusado hubiera buscado justicia ante aquella instancia?
El caso sigue abierto. Seguramente la Procuraduría de Justicia buscará –y tiene la obligación de hacerlo– ampliar la investigación y aportar nuevas pruebas, creíbles y contundentes, pero, mientras tanto, creo que la imagen de Veracruz, su sistema de gobierno y de justicia, sale ganando y se ve fortalecida a los ojos de propios y extraños.
No es común que en Veracruz el Poder Judicial emita un juicio adverso contra una representación del Poder Ejecutivo como lo es directamente la Procuraduría de Justicia del Gobernador, si considera que en un juicio no le asiste la razón, en especial cuando es un juicio de tanta resonancia, como parece ser este el caso.
Creo que la resolución de los magistrados, de la Séptima Sala Penal, del Tribunal Superior de Justicia, se debe ver como una prueba y una oportunidad para demostrarnos que ya somos una sociedad madura capaz de aceptar y ver con toda normalidad que se aplique la ley, se trate de quien se trate.
La valiente postura de los magistrados Álvarez Peña y Cruz Ibarra lava un poco la cara del Poder Judicial de Veracruz que en otros casos ha dejado mucho que desear como un órgano autónomo e independiente.
Por eso se estaba tardando la reacción del Tribunal que ayer por fin, en la persona de su presidente Alberto Sosa Hernández, salió en defensa de sus compañeros. “Los magistrados tienen la capacidad, el conocimiento y la sensibilidad para poder emitir sus resoluciones”.
El Estado de Derecho debe prevalecer por encima de cualquier otro interés. La sentencia absolutoria se da en el momento más oportuno para Veracruz, a mi juicio: cuando el gobernador Javier Duarte de Ochoa anuncia el inicio de una nueva etapa de su gobierno, que es decir del estado.
Y todo avance que se logre en cualquier otro terreno de la vida pública estará incompleto si no va acompañado de un sistema de justicia justo, válgase la redundancia, autónomo, independiente, apegado a derecho, transparente.
Por ahora, creo yo, ha salido fortalecido el sistema de justicia de Veracruz. El Gobierno mismo. Ojalá y no sea flor de un día. Lo sucedido, alienta. Tenemos derecho al optimismo. No debe haber, darse, marcha atrás.