Las inquietudes por la Reforma Educativa

La Reforma Constitucional en materia laboral educativa, para contextualizar con mayor propiedad su contenido y su intención, aparece cuando ha transcurrido mucho más de medio siglo sin que sea abordado este tema tan delicado. En el pasado tuteló estos derechos el Reglamento de las condiciones generales de trabajo del personal de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 1946.

Hace más 67 años este documento estuvo impregnado de la filosofía de la época, defensora de los trabajadores. Durante estos años ha cumplido su labor de regir las relaciones laborales del magisterio y sobrevivió a la descentralización firmada por el Ejecutivo Federal, el SNTE y los gobernadores de los Estados, en mayo de 1992, siendo de aplicación supletoria en tanto no hubiera una ley específica que aplicara en cada entidad, cosa que jamás sucedió.

Otra norma importante es Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1963. En ella el magisterio federal forma parte del conjunto de instituciones dependientes del Ejecutivo Federal. Esta ley también ha sido de referencia supletoria obligada después de la descentralización, junto con algunos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que impiden el estado de indefensión de los trabajadores de una institución cuya estructura patronal administrativa se modificó sin ajustar las leyes que los regía.

Hoy, las reformas se impregnan de la filosofía que se desprende de un mundo con una economía y una cultura globalizada, con serios compromisos de cumplir las tendencias mundiales que señalan el BM, el FMI, el BID y la OCDE, entre otros. Las condiciones cambiaron completamente y el mundo que tenemos enfrente es totalmente distinto al de hace 67 años.

Sin embargo, hay valores que se deben preservar por la larga tradición pedagógica del país, como es la educación pública. La presión mundial no debe obligarnos a mercantilizar la educación ni a adoptar modelos de ciudadanía y de persona humana que nos sean ajenos.

El centro del debate y la discusión es la manera en que la reforma constitucional al artículo tercero altera y modifica la relación laboral del sector educativo. Una reforma que por muy discutida que sea, jamás se entenderá si se insiste en verla con el enfoque de hace 67 años, en el entendido que aquélla fue hecha con otra mentalidad y otras ideas, dentro de circunstancias sociales, económicas, políticas e ideológicas diferentes. Lo único real en la vida, en cualquier punto del planeta, es el cambio. Y ante los cambios siempre hay que permanecer alertas para no ser arrollados, para no ser rebasados, para no perderse y confundirse.

La evidencia es que la reforma constitucional ya está en marcha, aceptada por el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados, los tres principales partidos políticos, varios y grandes sector sociales y de intelectuales, y por el sindicato mismo, desde luego, bajo condiciones que no afecten derechos laborales de aquellos trabajadores que están en servicio bajo el amparo de las leyes vigentes.

En el México contradictorio, que quiere ir en todas direcciones y ninguna, que se estanca en la correlación de fuerzas que jalan o empujan hacia rumbos contrarios, no faltan los que gustan de vivir a costa de explotar la incertidumbre de las masas humanas, de los que viven en la inconformidad o el temor a lo desconocido, o de los que buscan defender el confort y la comodidad.

La violencia pocas veces es el camino para obtener mejoras sociales y económicas equitativas y permanentes. Y la historia, que repite sus ciclos, tiene que ser interpretada porque no pueden repetirse a ciegas las recetas que antaño dieron resultado. La violencia entonces puede resultar un arma para engañar a los demás e incitar a una aventura incierta donde sólo se beneficien unos cuantos.

En los borradores que se proponen como leyes secundarias, el diputado federal Jorge Federico de la Vega Membrillo, Presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados del Congreso, en reunión en el WTC de Boca del Río el 6 de junio pasado, aclaró que la permanencia respeta los derechos vigentes, sin persecuciones ni despedidos, y que de esa manera habrá de quedar plasmado en la ley. Es obvio que este criterio prevalece en las distintas instancias del Congreso, a diferencia del ambiente agresivo que se dio después de la presentación del decreto y aprobación a la reforma al tercero constitucional.

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